27 de octubre de 2017

Ideas desordenadas sobre el Censo 2017

I.

En el periodo previo a la realización del censo, el debate mediático estuvo copado por las ansiedades de liberales y conservadores. Por un lado, existían reclamos respecto a la orden de inmovilidad durante el día del censo, debido a que se había anunciado que la policía podía detener a las personas por no acatarlo. Por otro lado, existían sectores preocupados por el respeto a su afiliación religiosa. Más allá de la coherencia (¿por qué los liberales no expresan la misma preocupación por la libertad de tránsito cuando se declara estado de emergencia en zonas de protestas?) o la razonabilidad (¿por qué un gobierno débil de derecha desearía enfrentarse a la mayoría religiosa del país?) de estas preocupaciones, el hecho de que estos temas ocuparan parte importante del debate mediático demuestra que estos temas coyunturales son utilizados para demostrar identidades políticas. Es decir, en lugar de discutirse sobre cómo la acción estatal será implementada en toda su complejidad, se utilizan aspectos o detalles específicos de su realización para marcar una posición en el escenario político y frente a seguidores y adeptos.

II.

La pregunta de identificación étnica, la cual también ocupo parte importante de la discusión mediática, merece una discusión aparte. Mientras que para algunos la inclusión de esta pregunta era problemática debido a que, argumentaban, una identificación precisa de la etnicidad de los peruanos es imposible, otros afirmaban que una pregunta como esta ayudaría a darle mayor importancia a minorías étnicas en el diseño de políticas públicas. El argumento de esta última posición era que en el proceso de elaboración de esta pregunta habían participado organizaciones representativas de estas minorías, proceso que sustentaba su inclusión. Sin embargo, creo que esta defensa se queda corta. La existencia de un proceso participativo no garantiza que el resultado sea óptimo. Por ejemplo, la falta de una opción predeterminada para personas con ascendencia japonesa o china, comunidades importantes en el país, me parece una omisión notable. Una observación más detallada de esa defensa hubiera preguntado por cuestiones como, por ejemplo, cuáles fueron los criterios de participación y proceso de invitación de las organizaciones, o qué sucedió entre las decisiones tomadas en las reuniones y la formulación final de la pregunta tal cual apareció en la cartilla. Lamentablemente, la discusión no fue en esta dirección.

III.

El mismo día del censo la atención se concentró en un tipo objeto en particular: los stickers que se pegaban en las viviendas censadas. Al observar que los stickers contenían el logo de una universidad con fines de lucro - la Universidad César Vallejo (UCV) - algunas personas buscaron el documento que permitía tal acción. Esta búsqueda no solo dio con el documento del acuerdo entre la entidad ejecutora del censo - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - y la UCV, sino que también se encontraron una multiplicidad de documentos que confirmaban acuerdos con otros privados que también colocaron nombres o logos en distintos objetos además de los stickers, como polos y gorras. La revisión de estos documentos permitió observar que no existía claridad en los términos del acuerdo relacionados a la información que el INEI compartiría con los privados. Mientras algunos confiaban en el imperio de la ley que protege la información personal, otros exigían que una pronta aclaración por parte del INEI. Las preguntas que caben hacerse acá - más allá del anuncio posterior de la misma PCM sobre el respeto de los datos - son: ¿a quién beneficia que la poca precisión en un acuerdo entre el Estado y un privado? Y ¿qué sucede con aquellos que no disponen de la suficiente expertise legal como para conocer que existen normas que protegen sus datos? ¿Solo les queda la incertidumbre?
Por otro lado, dar cuenta de esta red de documentos permite seguir el rastro de decisiones que involucran a otros actores estatales: ¿por qué el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó un presupuesto que llevó al INEI a buscar acuerdos con privados para tener recursos materiales? ¿Por qué no se dio un presupuesto suficiente como para contratar empadronadores experimentados en lugar de solicitar voluntarios? Son estas decisiones técnico-políticas que usualmente tienen poca visibilidad - las cuales también están inscritas en documentos de nivel ministerial - las que terminan por afectar la ejecución de acciones estatales a nivel micro.

IV.

Entender al Estado como una red de actores humanos y no humanos permite seguir el rastro de material de sus acciones. No hacer esto muchas veces impide aprehender situaciones en su complejidad total. El Estado y sus acciones son, como diría Latour, simultáneamente reales, narradas  y colectivas. No obstante, lo que suele suceder en el debate mediático es una concentración en los aspectos discursivos y sociales, mientras que la atención sobre los recursos materiales necesarios para la ejecución de estas acciones queda relegada, con poca visibilidad, solo en las manos de los técnicos.

17 de julio de 2017

Capos

En contextos de socialización de sectores limeños de clase media alta y alta es común escuchar la frase "conozco a alguien bien capo" cada vez que se pide una recomendación para algún servicio o información. Estos "capos" recomendados suelen ser personas en los círculos de amistades o conocidos pertenecientes a esta misma clase, por lo que tienen recursos económicos que les permiten acceder a una educación con un costo prohibitivo para clases con menores recursos, como un pregrado en universidades privadas nacionales y un posgrado en universidades internacionales. Esta educación les permite posteriormente acceder puestos de trabajos con prestigio en el sector privado ya sea a entidades multilaterales o corporaciones. Asimismo, también es común que la persona que recomienda a un "capo" a su vez sea un "capo" en otro ámbito profesional y que sea recomendado por quien él mismo recomendó en alguna otra ocasión. Es así como se forma un circuito de recomendaciones que les permiten acceder a los servicios de quienes, en teoría, son los profesionales mejor preparados del país.

¿Cuál es el problema con los "capos" o, mejor dicho, con la lógica de los "capos"? ¿Acaso no cualquiera quisiera contar con los mejores? Por supuesto. No obstante, uno podría criticar que esta lógica reproduce desigualdades debido a que quienes no tiene el capital social para acceder a este circuito de recomendaciones no pueden obtener estos mejores servicios o no pueden ser recomendados. Otra crítica que uno podría hacer es que esto enturbia la narrativa de la meritocracia del sector privado. Sin embargo, estos temas no me interesa tratarlos en este momento. Lo que me interesa ahora es resaltar qué es lo que sucede cuando esta la lógica de los "capos" ingresa al Estado.

En teoría las designaciones y contrataciones del Estado deberían mantener los principios de competitividad y transparencia, en tanto se trata de presupuesto público. Omitiendo al personal de confianza, en donde las autoridades pueden designar a personas en las cuales confíen, el Estado tendría que designar o contratar a los mejores de manera transparente, en base a las competencias relevantes para los puestos en cuestión. En el Estado no debería haber espacio para recomendantes y recomendados. No obstante, como se sabe, esto no es así. Por el contrario, el Estado está repleto de estas prácticas en todos los niveles. Entre estas prácticas está la lógica de los "capos": en altos puestos o en contrataciones por montos considerables, personas de clase media alta y alta designan o contratan a quienes ellos consideran "capos", sin importar si la designación o contratación es poco ética o si el proceso es amañado. Para ellos lo importante es contar con la persona que consideran más "capa".

La justificación de esta práctica en el Estado suele ser un argumento perverso: si no amaño u obvio las faltas éticas que implica esta contratación o designación no podré contar con el mejor (el mejor según las recomendaciones o experiencias previas que he tenido, claro está), por lo tanto mi amañamiento o falta ética está justificada, a diferencia de las faltas en niveles inferiores del Estado, en donde también amañan o comenten faltan éticas, pero lo hacen para contratar a personas ineficientes (ineficientes según la percepción o idea que tengo de ellas, claro está). El punto no es señalar que en los niveles inferiores estas faltas también podrían estar justificadas, por el contrario, las contrataciones o designaciones arregladas también ocurren en el nivel subnacional, y posiblemente sean mucho más notorias porque se trata de un nivel de gobierno que se encuentra en mayor contacto con la población. El punto es señalar cómo es que la posición social de distintos actores que entran al Estado permite establecer distinciones discursivas entre prácticas que realmente son similares.

"¿Pero acaso no quieres que el Estado cuente con las personas con mejor preparación?". Ciertamente no se puede negar que, gracias a su condición socioeconómica, estos "capos" sean posiblemente las personas con el mayor nivel educativo del país. Sin embargo, esto no debería eximirlos de cumplir los mismos requisitos de competitividad y transparencia que ellos le exigen al resto de niveles del Estado. Para ponerlo en una frase: ellos no juegan el juego que dicen jugar. Muy por el contrario, terminan aprovechando su posición de clase dominante para saltarse las reglas mientras, a través del aparato mediático al cual tienen acceso, acusan a otros de ocupar posiciones en el Estado de manera irregular. Esto finalmente reproduce desigualdades sociales dentro de la misma organización del Estado: cuando lo hace el alcalde en alguna municipalidad distrital del interior del país es malo, pero cuando lo hace tu amigo del ministerio con su conocido es porque está contratando al más "capo".

12 de abril de 2017

¿Los cholos de quiénes?

Una reacción al artículo "No soy tu cholo" de Marco Avilés.

¿Por qué el artículo de Avilés tuvo tan buena recepción entre la élite progresista? Además de tener en cuenta que fue publicado en un medio digital con el cual son afines ideológicamente, creo que hay otro factor a considerar. Mi impresión es que el artículo de Avilés funciona como la proyección del documental sobre discriminación a afroamericanos que describe en su artículo: es un producto que conmueve a privilegiados. El título del artículo es "No soy tu cholo" pero precisamente esta recepción por parte de la élite progresista lo hace pertenecer a este grupo ideológico (o al menos lo coloca en una posición cercana). El cholo que realmente no es de ellos es el cholo al cual no comprenden, no el educado que es ideológicamente afín a ellos.
¿Cuál es este cholo incomprensible para las élites? Dependiendo de la posición de la élite, un cholo incomprensible puede ser aquel que se opone a un proyecto extractivista ("miren como se oponen al desarrollo" reclama la élite neoliberal) o aquel que vota por populistas ("miren como son comprados con tapers" reclama la élite progresista). Paradójicamente cada élite clama conocer al cholo de una manera distinta. La élite neoliberal dice conocer al cholo caracterizándolo a través de perfiles de consumo. La élite progresista dice conocer al cholo caracterizándolo a través de testimonios y discursos.
Textos como los de Avilés, de alguien que se presenta como cholo, son apreciados por la élite progresista precisamente porque le da sustento a los discursos que los integrantes de esta élite elaboran y les permite conocer, a través de un discurso, algo a lo cual no tendrían acceso de otra forma: lo vivido por los incomprensibles. No obstante, no hay que olvidar que este acceso está mediado precisamente por la afinidad ideológica que existe entre el individuo que ofrece el testimonio y los integrantes de esta élite. Tan solo imaginen por un momento que alguien "comprado por un taper" le dijera a la élite progresista: "no soy tu cholo".

20 de marzo de 2017

Sentir al Estado


"Yo si siento al Estado presente". Detengámonos un momento a pensar lo que implica sentir la presencia del Estado. En un primer nivel podríamos cuestionar qué es el Estado en si mismo. Para zanjar rápidamente esta enorme discusión teórica, quedémonos con la perspectiva que ve al Estado como un actor-red: el Estado "está constituido por una matriz de ideas y representaciones altamente compleja, agencias gubernamentales y burocráticas, territorio y habitantes" (Carroll, 2000; citado en Passoth y Rowland, 2010). Esta perspectiva pone atención a "las diversas y múltiples prácticas interconectadas que generan el tipo de 'estatalidad' que usualmente entendemos como las cualidades del Estado moderno" (Passoth y Rowland, 2010) en lugar de la acción del Estado como un ente unificado. En este sentido, "sentir" al Estado significaría sentir las consecuencias o efectos de estas prácticas ejecutadas por diversas agencias estatales, y los humanos y no-humanos que las componen. En concreto, en este nivel, un habitante siente al Estado presente en tanto recibe atención, servicios o bienes materiales de instituciones estatales a través de sus burócratas o trabajadores. 

En un segundo nivel, ¿cómo es que alguien que no experimenta la misma atención, servicios o bienes materiales (ya sea porque no se encuentra en la zona de atención o porque no se relaciona con la infraestructura estatal en cuestión) siente al Estado? Aquí es donde habría que tener en cuenta la posibilidad de una "presencia mediada". Si gran parte de las acciones de las prácticas de las diversas instituciones no son accesibles a través de la misma experiencia, sino conocidas a través de medios, entonces la presencia que uno puede decir "sentir" es una percepción formada a partir de la información que uno consume a través de los distintos medios a los que se expone. Es sobre todo en este nivel donde la concepción del actor "Estado" como un ente reificado cobra mayor fuerza. En este nivel debemos pensar cuáles son nuestros hábitos de consumo de medios, a qué medios solemos exponernos más y, dentro de estos, a qué tipo de discursos. Por ejemplo, ¿cómo es que alguien que consume en su mayoría radio y diarios populares "siente" al Estado? ¿Es distinta a la presencia del Estado que "siente" un heavy user de social media? Esta última pregunta es importante debido a que se tratan de medios y hábitos de consumo relativamente recientes. ¿Cómo comparamos la "sensación" de presencia del Estado de ahora con la de hace dos décadas si es que existe una intensificación del consumo de información?

En un tercer nivel, habría que introducir la noción de distancia sociocognitiva (Van Dijk, 1997). La cognición social puede definirse escuetamente como la manera en que nosotros construimos nuestro conocimiento de la realidad (Antaki y Condor, 2006 [1997]). La distancia sociocognitiva se refiere a la diferencia al evaluar a distintos grupos respecto a nosotros, como grupo social. Una representación más positiva de un grupo significa una menor distancia de ese grupo respecto a nosotros. En el caso del Estado debemos preguntarnos: ¿cuán cercano es el grupo encargado del gobierno respecto a nosotros? ¿Cambiaría nuestra sensación mediada de la presencia del Estado si es que el grupo que está en el gobierno fuera más distante de nosotros? Este nivel es el que posiblemente tiene mayor repercusión en la memoria de las personas. Es así como las acciones del Estado bajo un gobierno pueden ser recordadas como "sentidas" si es que fueron ejecutadas por un gobierno que percibíamos cercano a nosotros.

Estos dos últimos niveles no significan que la presencia estatal solo sea una cuestión mediación y percepción. Como mencioné al principio, se puede sentir la presencia del Estado de manera directa a través de las prácticas de distintas agencias gubernamentales. Asimismo, estas prácticas pueden ser corroborables o medibles a través de distintos indicadores. Por ejemplo, es casi un sentido común hablar de la presencia del Estado a partir de la ejecución de presupuesto de inversión (a pesar de que probablemente no sea el mejor indicador para este propósito).



Referencias

Antaki, C., y Condor, S. (2006 [1997]). Cognición Social y Discurso. En Van Dijk, T.A. (Comp.), El discurso como estructura y proceso (3ª reimpresión) (pp. 453-489). Barcelona: Gedisa

Carroll, P. (2000) Colonial Discipline. Dublin: Four Courts Press.

Passoth, J. y Rowland, N. (2010). Actor-Network State: Integrating Actor-Network Theory and State Theory. En International Sociology, November 2010,Vol. 25(6): 818-841

Van Dijk, T.A. (1997). Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona: Paidós.